De acuerdo a la intervención del Petro con aseveraciones y pruebas muy fuertes y contundentes podemos ver claramente como desde este organismo del estado se han fraguado planes criminales que iban desde las prácticas más bajas como el chantaje y presión de magistrados de la corte para lograr la primera reelección de Uribe, hasta masacres y homicidios orquestados desde la institución y cuyo objetivo principal era el obtener dividendos políticos para el gobierno actual, como lo definió claramente Luis Carlos Avellaneda en su intervención haciendo un análisis de cómo el gobierno actuó en cuatro fases sistemáticas para lograr sus objetivos:
Primero fue el de Crear el terror a través de este organismo para tratar de demostrar a la comunidad la necesidad de actuar con mano dura.
Lo Segundo fue mostrar resultados de las fuerzas militares y los organismos de inteligencia del estado, mediante las capturas masivas para generar credibilidad entre la gente, de allí los falsos positivos y la siembra de pruebas falsas en personas con actividad pública o entidades opositoras al gobierno o derechos humanos.
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Tercero fue el de homologar o asimilar a grupos armados a todos los opositores, medios de Comunicación, ONG, críticos y funcionarios Judiciales, de allí nació la cultura de la intolerancia de “quien no esté conmigo está contra mi” y justificar su actuación.
Cuarto era la confluencia de los tres anteriores y era generar un estado de opinión favorable al presidente Uribe y así justificar su permanencia en el poder, situación que gracias a la Corte no lo logró, y basado en este "estado de opinión" justificaría cualquier actuación e incluso desconocer el derecho de las mayoría como en efecto lo dejó entrever el presidente Uribe.
Por su Parte Gustavo Petro generó un hilo conductor que es el que debemos seguir los Colombianos, y es que todos estos actos de terrorismos de Estado, porque no tienen otro nombre, debe ser clasificados como delitos de Lesa humanidad, para que puedan ser ventilados en las Cortes Internacionales en el evento que la Justicia Nacional no sea capáz de hacer justicia, situación que no está muy lejos de la realidad, pues semejante empresa criminal, se manejaba sola a través de los mandos medios, según quiere presentar el Gobierno aduciendo han sido ellos quienes han denunciados los casos y entregados las Pruebas a la Fiscalía. Hay que continuar con el hilo que Gustavo Petro puso en escena, porque el problema no se limita a unas simples chuzadas para escuchar unas conversaciones, sino lo que se hizo con esa información y la vinculación del DAS en magnicidios como el Jaime Garzón, Pizarro, Galan, etc.
Por su parte el DAS a través de su Director Muñóz, se limitó a sacar en limpio al presidente de la república, argumentando su no intervención en los asuntos del DAS y desmitificando algunos aspectos desconocidos para muchos colombianos del común, como que todos en Colombia estamos chuzados, justificando de esta manera la comisión de dicho delito justificando así la conveniencia de reformar de dicho organismo, lavando de esta manera la responsabilidad del gobierno diciendo que existen fallas de tipo estructurales en el diseño de tan complicada institución por las tantas actividades que están a su cargo, con el consecuente desvíos de su misión para luego convertirse en un foco del crimen a todo nivel. El hecho de poner a disposición de la fiscalía los 140 AZ con información (la que les conviene), no les exime de su responsabilidad por los hechos cometidos y la comunión de los directores de dicha entidad con los crímenes y delitos cometidos desde esta institución adscrita a la Presidencia de la República.
Por su parte el Ministro del Interior Fabio Valencia se limitó a destacar las prebendas que se le han dado a la oposición durante el Gobierno de Uribe y magnificar las utilidades del Polo durante el Gobierno de Uribe e hizo referencia a las dos alcaldías de Bogotá ganadas por el Polo y de esta manera tratar de acallar lo expuesto por Petro y Avellaneda; ya se conocen las calidades del ministro, por demás adulador (trajo a cotación la hoja de vida de Uribe al debate) sin argumentos sólidos que enriquezca el debate.
Lo cierto de todo esto, es que a través del DAS se cometieron muchos delitos con conocimiento o no del Gobierno y en particular en cabeza de la Casa de Nariño como ya se ha dicho. Es necesario que la Justicia establezca los Responsables intelectuales de estas actividades por demás sistemáticas y con objetivos concretos, que claramente estaban destinados al favorecimiento político del gobernante de turno y perjuicios de los derechos de los ciudadanos y organización objeto del delito. Estos responsables deben pagar ante la justicia Nacional y si ello no es posible deben hacerlos ante la justicia Internacional, todos los Colombianos debemos estar en pie para que esto no se quede en la impunidad.
